La oposición rechazó aumentar impuestos y convocará a audiencias por la calidad de los servicios públicos

Con votos de la mayoría opositora, el Concejo de Reconquista rechazó la pretensión del Ejecutivo de incrementar la Tasa General de Inmuebles un 57 % mediante para el segundo semestre del periodo fiscal 2025.

Al recinto llegaron cuatro despachos de comisión: el citado para ser aprobado tal como fue presentado en el proyecto original, y otros tres más que proponían aprobar el proyecto con modificaciones y fijar el incremento en un 20,9 %, aprobación con modificaciones sin aumento, y el visto bueno con modificaciones con un 17 % de suba.

Tras el debate que giró en torno a la supuesta voracidad fiscal de la gestión municipal y al estado de agonía de los servicios públicos, primó la postura de Unidos de no autorizar ningún porcentaje de aumento de la TGI. 

La concejal Katya Passarino (UCR) llevó la voz cantante del interbloque opositor la palabra para explicar los cuatro despachos y reconoció que durante el tratamiento del expediente se recibió al Secretario de Hacienda y a la Directora del Área de Rentas, con quienes pudieron dialogar y evacuar dudas.

Hizo referencia a que “el cuarto despacho va por el aprobado tal como fue presentado por el Ejecutivo, con un aumento del 57,35% para el segundo semestre de 2025, que impactaría en el primer semestre del 2026 a los buenos contribuyentes”, y citó que ese aumento incluye el 30 % que se había diferido previamente para quienes mantienen buen cumplimiento del pago de sus obligaciones.

Luego, la concejal Constanza Arzamendia (PJ) intervino para aclarar que desde su espacio solicitaron la consideración de otros métodos e índices que habría arrojado un 24,8 %. También trazó una comparación con la Ciudad de Avellaneda, donde la categoría 4 está por encima de lo que actualmente cobra el municipio de Reconquista. “Con el aumento del 57,35%, apenas se alcanzaría el valor actual que Avellaneda aplica, utilizando una fórmula que incluye un 33 % por categoría 8, un 33 % por combustible, y un 33 % por cemento”, contrastó.

A su turno, el concejal Walter Kreni (UCR) anunció su apoyo al segundo despacho (aprobado con modificaciones sin incremento) y fundamentó su posición señalando que los principales ingresos municipales provienen de la coparticipación provincial (entre 25 y 30 %), el Derecho de Registro e Inspección (otro 25 %), y la Tasa General de Inmuebles (entre 7 y 10 %).

En ese sentido, recordó que “en 2019 se aumentó arbitrariamente el Derecho de Registro e Inspección en 2 puntos, lo que representa unos 4.000 millones de pesos anuales durante seis años. El incremento que ahora se plantea representaría entre 30 y 40 millones de pesos por mes”.

Además, señaló que el aumento en el precio del combustible significó un impacto mensual de unos 4 millones de pesos para el municipio, y que los ingresos también se incrementaron debido a los aumentos en la patente (90 % coparticipable) e inmobiliario (50 % coparticipable).

Finalmente, explicó que no acompañarán ningún tipo de incremento porque ya se aprobó un 30 % para el año pasado y, en segundo lugar, porque “el dinero no se ve reflejado en mejoras en los servicios públicos”. Por el contrario, afirmó que “los recursos se están destinando a cubrir costos fijos y estructurales”, lo que pone en riesgo la continuidad de la prestación de servicios ante cualquier variación.

Regresión

En la secuencia de opiniones, volvió a participar la edil Arzamendia para alertar que “con esto del aumento cero cae el Sistema de Buen Contribuyente, es decir, aquel que venía pagando o hacía el esfuerzo para pagar en tiempo y forma, porque tenía sus beneficios al hacerlo, hoy ya no los tendrá y quedará en igualdad de condiciones con aquel que no paga. Quien pagaba en tiempo tenía un premio, un reconocimiento. Hoy, quien no paga y quien paga es lo mismo. Volvemos al sistema anterior.”

En defensa de la gestión municipal, dijo que “se venía haciendo un trabajo de educación fiscal, promoviendo el pago en término de tasas, y con esto cae, porque quien paga a tiempo o no lo hace, no tendrá ningún beneficio: será exactamente lo mismo. Lamentablemente, si esto se aprueba con cero aumento, se pierde el incentivo al buen contribuyente”.

Passarino volvió al ruedo para hacer constar que “la TGI se cobra en concepto de un servicio que debe brindar el Estado local a cada frentista o grupo familiar: recolección de residuos, iluminación, mantenimiento de calles”, y enseguida enlazó que “hoy, en cada reunión de los salones vecinales y de instituciones intermedias, se plantea cómo los vecinos se organizan para comprar escombros o arena para mejorar las calles. Hacen beneficios, venden pollos, rifas o bonos de contribución para poder cambiar lámparas. No es fácil brindar servicios eficientes en una ciudad, y lo sabemos”.

Barrios complicados

La titular del Comisión de Hacienda brindó un dato revelador: “El programa de buen contribuyente ha disminuido en un 14 o 15 % en su evaluación comparativa entre 2024 y 2025. Eso debe llamarnos a la reflexión: ¿Qué les pasa a los vecinos a quienes representamos? Cada vez confían menos en los servicios porque no los reciben. Hay barrios sin iluminación, con calles intransitables, con recolección de residuos irregular”.

Con papeles en la mano, la líder opositora citó un informe oficial que marca que el municipio recauda 180 a 185 millones de pesos mensuales, coincidiendo con lo proyectado, pero fustigó que “como concejales con función de contralor, no accedemos rápidamente a la documentación. (..) hay una clara falta de transparencia respecto del cumplimiento de ordenanzas que exigen rendición sobre el personal municipal. La última vez que se cumplió con eso fue en septiembre de 2024”.

A continuación postuló que “uno de los puntos más importantes para que la ciudadanía no se sienta estafada es la confianza, y esa confianza solo se gana con transparencia. Si no existe, es difícil que la gente pueda pagar 2.000, 5.000 o 10.000 pesos mientras sigue comprando focos o tapando pozos por su cuenta. Pretendemos seguir tocando el bolsillo sin garantizar servicios”.

Por último, anunció que “vamos a proponer la convocatoria a audiencias públicas, para escuchar qué piensan los vecinos sobre los servicios que reciben, y para reflexionar -junto con organizaciones, asociaciones y colegios profesionales- sobre la política tributaria de la ciudad de Reconquista”. 

Microbasurales

En medio de las diferentes opiniones sobre la actualidad de los servicios públicos, la concejal Haydee Vargas (PJ) subrayó que “en el transcurso de estos últimos días, el municipio activó tareas de limpieza en los barrios y arreglo de calles, al menos las calles de tierra, en toda la zona oeste”.

Vargas calificó como “importante remarcar que esto no es solo responsabilidad del municipio, sino también de los vecinos, porque la gente no cuida la limpieza. Es impresionante cómo, después de que pasa el recolector o el servicio de Patio Limpio, los vecinos vuelven a sacar basura. Se arman microbasurales producidos por los mismos habitantes, casi en cada esquina de los barrios”.

Sobre ese punto, dijo que “esto también es una responsabilidad nuestra como ciudadanos. Ya hemos pedido que se realice una campaña de concientización; algo colectivo que permita mostrarle al vecino que, si no mantiene el orden, por más que pase todos los días el recolector o el camión ramero, será casi imposible mantener los barrios limpios”.